La declaratoria de estado de excepción anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira generó inmediatas reacciones en distintos sectores. Entre ellas, la de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, cuyo presidente, Víctor Hugo Velasco Iporre, expresó su respaldo a la medida, destacando que responde a la necesidad de preservar la paz social y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales en Bolivia.
Velasco recordó que tiempo atrás había sugerido al mandatario la adopción de acciones constitucionales para enfrentar la crisis nacional. “La decisión busca fortalecer las garantías constitucionales y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó. Sin embargo, subrayó que la aplicación del estado de excepción debe estar acompañada de un estricto respeto a los derechos humanos y de una actuación transparente por parte de las autoridades.
El dirigente enfatizó que la prioridad es devolver la tranquilidad a las familias bolivianas y generar condiciones que permitan superar la coyuntura nacional. “La población espera soluciones concretas que restablezcan la estabilidad y la confianza en las instituciones del Estado”, añadió.
Reclamo por apoyo a los sectores afectados
En una segunda intervención, Velasco Iporre cuestionó la falta de respuestas del gobierno hacia los sectores productivos y ciudadanos que sufrieron las consecuencias de los bloqueos impuestos por organizaciones sociales lideradas por la Central Obrera Boliviana.
“Es una medida tardía, después de 50 días de crisis. ¿Qué les ofrece ahora el gobierno a la gente que ha quebrado? El pequeño y mediano empresario, el agropecuario, los transportistas… todos quedaron absolutamente afectados”, señaló.
El presidente de la Asociación de Derechos Humanos insistió en que debe iniciarse un proceso penal contra los responsables de los bloqueos, quienes —según denunció— provocaron pérdidas irreparables en la economía y dejaron a familias enteras en la quiebra. “Los damnificados siguen tirados en las carreteras, esperando justicia. El gobierno no debe interferir, pero sí garantizar que se cumpla la ley”, puntualizó.
Velasco concluyó que, además de garantizar el orden, el Ejecutivo debe presentar un plan de ayuda concreta para los sectores golpeados por la crisis, a fin de recuperar la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social y económico del país.
Politica.
Santa Cruz.
ANN Noticias.
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