En una sesión marcada por la tensión y la emotividad, Victor Hugo Velasco, presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, expuso ante la Asamblea Legislativa Departamental el drama que atraviesan decenas de familias cruceñas cuyos hijos fueron trasladados a Rusia bajo engaños y contratos falsos, para luego ser involucrados en el conflicto bélico.
Velasco, acompañado por los familiares de las víctimas, relató que muchos de los afectados provienen de comunidades indígenas como Palometillas, amparadas en el Convenio 169 de la OIT. “Expresamos el dolor y la aflicción de los cruceños que, debido a la necesidad, fueron engañados. Hoy sus familias peregrinan buscando respuestas”, señaló.
Velasco denunció que, pese a que la Fiscalía abrió investigaciones con base en pruebas aportadas por los familiares —pasajes, chats y comunicaciones—, la Cancillería no activó protocolos diplomáticos ni brindó información oficial sobre los ciudadanos bolivianos heridos o fallecidos en territorio ruso. “Lo que más duele es escuchar a voceros presidenciales dar por muertos a nuestros compatriotas sin siquiera confirmar su situación”, reclamó.
Velasco subrayó que se trata de un caso de trata y tráfico de personas con fines bélicos, que constituye un crimen de lesa humanidad. Recordó que países como Colombia, Venezuela, Argentina y Perú ya lograron repatriar a sus ciudadanos gracias a gestiones diplomáticas, mientras que en Bolivia las familias siguen esperando respuestas.
La Asociación Departamental de Derechos Humanos solicitó a la Asamblea Departamental emitir un pronunciamiento oficial dirigido al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía, exigiendo acciones inmediatas de repatriación y asistencia humanitaria. “No se trata solo de recuperar cuerpos o traer de vuelta a los parientes, se trata de hacer justicia”, enfatizó Velasco.
El dirigente anunció que ya se envió un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando intervención diplomática urgente, protección consular y asistencia humanitaria. Asimismo, adelantó que se interpondrá una denuncia internacional ante organismos como la CIDH y Naciones Unidas.
Las familias presentes pidieron ser escuchadas directamente por los asambleístas, en un intento desesperado por visibilizar su dolor y exigir que las autoridades actúen. “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, recordó Velasco, apelando a la sensibilidad y responsabilidad de los representantes departamentales.
Este caso abre un debate sobre la responsabilidad del Estado boliviano en la protección de sus ciudadanos en el exterior y la urgencia de activar mecanismos internacionales frente a lo que organizaciones de derechos humanos califican como un crimen de lesa humanidad
Justicia.
Santa Cruz.
ANN Noticias.
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